Sobre las SOCIMI

Las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) tienen su origen en España a finales de 2009, con la Ley 11/2009, pero no fue hasta 2013, con la modificación de la ley original y la Ley 16/2012, cuando nacieron las primeras socimi.

Son un vehículo de inversión relativamente nuevo en España, a diferencia de otros mercados internacionales en los que ya existían bajo el nombre de REITs (Real Estate Investment Trusts). Fue en el año 1960 cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó estos instrumentos para que los pequeños inversores pudieran invertir en el sector inmobiliario. Ya en los años 90, estos vehículos se popularizaron y empezaron a crecer a nivel internacional.

Las socimi son el resultado de adaptar la normativa europea aplicable a los REITs al mercado español, cuyo objetivo es la inversión en activos inmobiliarios para su alquiler. Además de las numerosas ventajas que ofrecen a los inversores -privados e institucionales- (rentabilidad, acceso a la inversión inmobiliaria, liquidez, diversificación, gestión profesional, fiscalidad, etc.), las socimi funcionan como vehículos dinamizadores tanto del sector inmobiliario como de la economía en general, generando empleo, gestionando de forma eficiente el patrimonio inmobiliario y poniendo en valor los activos.

A fecha de noviembre de 2019, están cotizando en el mercado español 83 socimi, de las cuales 79 están listadas en el MAB y 4 en el mercado continuo. El valor del patrimonio bajo gestión de todos estos vehículos es de aproximadamente 50.000 M€, repartido en las diferentes áreas de especialización en las que operan: residencial, oficinas, centros comerciales, locales comerciales, hoteles, logística y otro tipo de activos.

REGULACIÓN Y RÉGIMEN FISCAL DE LAS SOCIMI

La Ley 11/2009 por la que se regulan las socimi persigue tres elementos: dotar de transparencia a un mercado tradicionalmente opaco, dar negociación a un mercado tradicionalmente ilíquido, y, como consecuencia de estos dos objetivos previos, dar acceso al ciudadano a la inversión inmobiliaria profesional de inmuebles en alquiler, que hasta hace relativamente poco era solo accesible a grandes fortunas o inversores institucionales.

Las socimi tributan a través de sus socios y accionistas, que deben cumplir con sus obligaciones fiscales, sean personas jurídicas o físicas, a través de la incorporación del dividendo percibido en sus respectivas declaraciones al Impuesto de Sociedades o de la Renta, según corresponda. La Ley obliga a las socimi a repartir como mínimo el 80% de sus beneficios obtenidos de su actividad de arrendamiento a sus socios; el 50% de las plusvalías realizadas por la transmisión de activos, siempre que el 50% restante se utilice para realizar nuevas inversiones en inmuebles destinados al alquiler en el plazo de 3 años; y el 100% de los dividendos obtenidos de participaciones en otras socimi. Por tanto, el beneficio de las socimi sí acaba pagando impuestos, pero a través de sus accionistas, es decir, se extiende la deducción por doble imposición a todos los socios y no sólo a aquellos que tienen más de un 5%. La regulación exige a las socimi, además, que coticen en un mercado bursátil regulado, lo que las convierte en una alternativa muy atractiva para que empresas y particulares canalicen sus inversiones inmobiliarias a través de un vehículo transparente, abierto y más líquido.